El gobierno español niega la regularización a cientos de ciudadanos paquistaníes

Desde el 7 de Julio, el gobierno español está rechazando los certificados de penales de los ciudada­nos paquistaníes residentes en España con el pretexto de que son expedidos a nivel provincial y no nacional.

El certificado de penales es un requisito indispensable para la regularización de los inmigrantes por arraigo social. Prácticamente la única vía en la actualidad y que requiere además la estancia demostrada de 3 años en España, un contrato de trabajo y un certificado del Ayuntamiento. El Certificado de Penales es necesario también en la reagrupación familiar, el arraigo laboral y la regularización por situaciones excepcionales.

De acuerdo con dicha disposición, el gobierno español está denegando todos los permisos de residencia solicitados por ciudadanos paquistaníes incluso los que están en trámite desde diciembre del 2007. Hay cientos de afectados; hombres y mujeres con años en España trabajando sin papeles en la economía sumergida, viviendo honradamente y que ahora ven rotas sus esperanzas.

Es una situación injusta y un contrasentido. Los certificados de penales rechazados ya han sido sellados por la embajada española en Pakistán y el ministerio pakistaní de asuntos exteriores. La organización policial en Pakistán es territorial y España no puede pretender que el gobierno pakistaní cambie su funcionamiento territorial. No puede aplicarse de manera retroactiva a certificados que ya se aceptaron y ahora se ven rechazados.

Es una medida más de la política española y europea de cierre de fronteras. Antes cuando la mano de obra era necesaria en la regularización del 2005 se admitían esos documentos; ahora se quiere mostrar más firmeza como si los inmigrantes fuesen los causantes y no las víctimas de la crisis económica.

El certificado de penales es un requisito discriminatorio que identifica a los inmigrantes como delincuentes, y se convierte en un muro infranqueable. Antes eran rechazados los certificados de Nigeria, ahora los de Pakistán y mañana puede ocurrirle a magrebies o sudamericanos.

El gobierno de Pakistán no puede permitir esta medida unilateral del gobierno español; tiene que exigir el respeto por sus ciudadanos. El gobierno español no puede expulsar por esta vía a miles de paquistaníes que ya están arraigados en España. Reclamamos pues de ambos gobiernos, la retirada de la resolución del 7 de julio y la admisión de todos los certificados de penales de Pakistán debidamente sellados.

Para protestar contra esta situación y reclamar un cambio del Gobierno español convocamos a una Manifestación.