David Rodríguez

Barcelona, 27 de junio de 2006

En los últimos meses se han aprobado o se están tramitando algunas leyes de gran importancia, y como suele suceder con el gobierno del PSOE, hay algunos avances interesantes (aunque insuficientes) en materia social, pero siguen las nefastas políticas neoliberales en materia económica y laboral.

Comenzando por el tema social, el proyecto de Ley de Autonomía Personal y Dependencia reconoce un nuevo derecho universal de ciudadanía. Se crea el Sistema Nacional de Dependencia, y a partir de 2007 los españoles que lo soliciten serán evaluados para determinar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que tienen derecho. Estas prestaciones serán económicas y de servicios tales como la ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencias, ayudas técnicas o plazas residenciales. En total el gobierno aportará 12.638 millones de euros desde el año 2007 hasta el 2015, pasando del 0.33% del PIB a más del 1%. Las Comunidades Autónomas deberían aportar una cantidad similar. Se estima la creación de 300.000 empleos, que además generarán unos retornos fiscales que cubrirían dos tercios del gasto citado.

Todos estos elementos suponen sin duda avances positivos en este terreno tan delicado, pero en el proyecto de ley hay sombras que también debemos denunciar:

• Se establece el copago en función de la capacidad económica del beneficiario, privatizando de este modo parte de la financiación y estigmatizando a las personas que sufren dependencia respecto a las que tienen otros servicios gratuitos. El límite del copago todavía no se ha establecido, pero es una medida liberal cuya filosofía no compartimos en absoluto.
• No se asegura la cobertura pública universal, y se ofrecen prestaciones a quiénes adquieran servicios en el sector privado.
• Se ofrecen beneficios fiscales para las personas que contraten un servicio privado.
• El desarrollo de las prestaciones tiene lugar en un periodo demasiado largo de 8 años.

Por tanto, este proyecto de ley supone un paso adelante en materia de dependencia, aunque es todavía insuficiente y conlleva un riesgo elevado de privatización de servicios sociales fundamentales.

En cuanto al proyecto de Ley de Igualdad, se introducen medidas que mejoran la situación anterior, como el permiso por paternidad de 8 días, el derecho a disfrutar de las vacaciones con posterioridad al permiso de maternidad, el derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad aunque finalice el contrato durante el permiso, la posibilidad de acumular el permiso de lactancia tras el de maternidad, la ampliación de 6 a 8 años de la edad del menor que da derecho a la reducción de jornada, o el aumento de la excedencia por cuidad de familiares de 1 a 2 años. Todos estos son avances muy interesantes que afectan positivamente a las mujeres.

Pero estas medidas, que han sido redactadas sin práctica negociación, no sirven para las mujeres en estado precario, y tampoco garantizan la corresponsabilización de hombres y mujeres en las tareas familiares. El permiso de paternidad de 8 días es del todo insuficiente, y aspectos fundamentales como el acceso al empleo, la promoción, la formación, el salario o las medidas para alcanzar la igualdad y evitar la discriminación en las empresas se dejan en manos de la negociación colectiva, estableciendo un Plan de Igualdad para centros con más de 250 trabajadores. Por otro lado, los derechos sólo se conceden a los “ciudadanos y ciudadanas españoles”, quedando fuera los inmigrantes.

Por consiguiente, y tal como ocurre con la ley de dependencia, se producen avances pero estos son todavía muy insuficientes.

El último ejemplo de esta actitud titubeante en el terreno social es la la Ley de Deuda Externa. El texto actual recoge avances interesantes, Pues se vincula expresamente la política de deuda con la de cooperación al desarrollo,se abre paso al control parlamentario de la condonación de deuda, la dirige hacia los países con menor renta y más endeudados y la condiciona a que se utilice para reducir el nivel de pobreza. Pero las organizaciones sociales son muy críticas con esta ley porque no hay compromiso de condonación total.

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En materia económica y laboral, el PSOE sigue en la línea de sus políticas derechistas, en coalición con CiU y PNV en el caso de la reforma fiscal, y en colaboración con patronal y cúpulas sindicales en el caso de la reforma laboral y del sistema de Seguridad Social.

Sobre la reforma laboral, el acuerdo (firmado por el gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal) resulta rechazable por los motivos siguientes:

(fuente: http://publicacions.psuc.org/dossiers/res_reflabCC030606.pdf)

• Por el abaratamiento del despido. Se recupera y generaliza el llamado “contrato de fomento de la contratación indefinida”, pactado en 1997. Este contrato tiene un despido de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades del contrato fijo ordinario que no se elimina, pero que dejará de utilizarse.

• Por el aumento de las bonificaciones y reducción de las cuotas empresariales. Se aumentan las bonificaciones destinadas a la creación de empleo fijo y a la conversión de contratos eventuales en fijos (con despido barato) Se reducen cuotas empresariales al desempleo (0,5%), al FOGASA (0,2%) y a las ETT (1%). No está de mas recordar que desde 1997 hasta 2005 la patronal ha recibido bonificaciones por valor de más de 17.500 millones de euros y que para 2006 están presupuestados 2.500 millones más.

• Porque no va a servir para disminuir las altas tasas de precariedad laboral. El contrato de fomento con un despido más barato se puso en marcha con la reforma de 1997, demostrando durante estos años transcurridos su nulo efecto para reducir la precariedad que, lejos de disminuir, ha seguido aumentando hasta alcanzar la escandalosa tasa del 34% en la actualidad. Por otra parte, el acuerdo no contempla ninguna simplificación, ni recuperación de la causalidad en la contratación temporal permitiendo a las empresas hacer un uso abusivo y fraudulento.

• Por no ser suficiente el límite temporal al encadenamiento de contratos. Esta medida no resultará suficiente para evitar la alta rotación en el empleo ya que establece la fijeza para aquellos trabajadores que ocupen un mismo puesto de trabajo durante un plazo superior a 24 meses (en un periodo de 30 meses), pudiendo el empresario cambiar de trabajador llegado el plazo y sustituirlo por otra para el mismo puesto de trabajo. El acuerdo no establece las medidas necesarias para evitar el uso abusivo de contratos temporales con distintos trabajadores para ocupar el mismo puesto de trabajo.

• Porque son escasas las mejoras conseguidas. Resultan del todo insuficientes las mejoras conseguidas en el acuerdo si las comparamos con las conseguidas por la CEOE. Así, se mejoran las indemnizaciones que recibirán del FOGASA aquellos trabajadores afectados por la quiebra de empresas, se mejoran las prestaciones al desempleo de personas con más de 45 años sin cargas familiares, se aumenta la plantilla de inspectores, se elimina el contrato de inserción y, finalmente, en cuanto a la cesión de trabajadores, no se va más allá de recoger lo ya reconocido por los tribunales en esta materia.

La reforma fiscal es claramente regresiva, continuista y de derechas, debido a los motivos siguientes:

(Fuente: http://www.izquierda-unida.es/federal/comun/folleto_irpf_blanco.pdf)

• Disminuye la tarifa máxima del IRPF hasta el 43%, por lo que los más ricos pagarán 11 puntos menos de lo que lo hacían en 1998.
• Un tercio del coste de la reforma del IRPF se dirige al 1.5% de los contribuyentes más ricos, al tiempo que los trabajadores siguen aportando el 80% de los ingresos.
• La recaudación del IRPF ha disminuido del 7.9% del PIB en 1995 al 6.5% en 2004, y lo va a seguir haciendo.
• La incapacidad del gobierno para atajar un fraude que se estima en el 23% del PIB, dada la falta de recursos inspectores.
• La consolidación de la discriminación negativa en la tributación de las rentas del trabajo a favor de las de capital al abandonar el Gobierno la posibilidad de que los rendimientos del capital, plusvalías incluidas, tributen a los mismos tipos que los rendimientos del trabajo.
• Una anulación de la rebaja fiscal en un corto lazo para aquellos contribuyentes con rentas bajas y medias, motivada por la alta inflación existente y la no actualización de la tarifa y las deducciones.
• Un espaldarazo para los especuladores, ya que con la reforma se benefician aquellos inversores que invierten a menos de un año vista.
• Una clara y excesiva exención para buena parte de los dividendos que obtengan los inversores, dividendos que están obteniendo niveles históricos.
• La reducción del tipo del Impuesto de Sociedades del 35% al 30%.

En total, el coste de la reforma es de más de 4.000 millones de euros, que dejarán de pagar las clases sociales más favorecidas, que van a imposibilitar el incremento del gasto social hasta la media de la UE y que van a hacer todavía más regresivo el sistema fiscal español.

También quiere reformarse el sistema de Seguridad Social, un acuerdo que sigue la misma filosofía de la reforma de la Seguridad Social de 1996 y 2001. Esto es, aplicar recortes en los derechos y prestaciones con el argumento de que es necesario tomar medidas para la “sostenibilidad del sistema”, pero que en el fondo, al deteriorar el sistema público de pensiones, facilitan el avance hacia su privatización a través de planes y fondos de pensiones.

(Fuente: http://blogs.ya.com/criticcoos/files/Posicion_SC_ACUERDO_DE_PENSIONES2.pdf )

Las pensiones mínimas van a crecer un 26% en cuatro años de legislatura, hecho que es sin duda una buena noticia, al igual que la mejora en las pensiones de los trabajadores despedidos y jubilados a los 60 años. Pero a la vez se introducen recortes que son inaceptables:

• Se amplia en la práctica de 13 a 15 años el tiempo necesario mínimo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación.
• Aunque mejora la carencia exigida para lograr la incapacidad permanente, se introduce un nuevo mecanismo de cálculo que tendrá un efecto negativo sobre la cuantía de la percepción.
• Se restringe la pensión de viudedad, al cambiar el carácter de la misma de un derecho de carácter subjetivo a una “renta de sustitución”.
• Se imponen condiciones más duras para acceder a la incapacidad temporal, favoreciendo además una disminución del coste para las mutuas privadas.
• Se dificulta el contrato de relevo para adelantar la edad de jubilación de los trabajadores de mayor edad, mecanismo este que favorece el rejuvenecimiento de plantillas o los ajustes en el empleo por vías no traumáticas. Esta mayor dificultad va a generar conflictos añadidos en las grandes empresas en situación de crisis.
• Se incentiva el retraso de la edad de jubilación, recortando primero prestaciones e incentivando después la prolongación de la vida laboral. Es una medida contraria al reparto del trabajo.

Los mayores perjudicados de esto medidas son los sectores del mundo laboral más inseguros: mujeres, jóvenes, inmigrantes y precarios en general. Desde este punto de vista, la reforma tiene una fuerte componente de insolidaridad.

Por tanto, el balance global de la reforma de la Seguridad Social es negativo, pues pese a algunas mejoras se limita el acceso a la pensión a diversos colectivos que ya ahora están bastante perjudicados.

Además, la posible reforma electoral a la que el PSOE se había comprometido está siendo rechazada por toda la derecha y no parece que haya una voluntad decidida de avanzar hacia un mecanismo más democrático, en el que se cumpla el principio fundamental de ‘una persona, un voto’, ahora mismo tan distorsionado en contra de IU.