EL PCE DENUNCIA

LA EXTERNALIZACION Y MILITARIZACION DE LAS POLITICAS MIGRATORIAS

(Aprobado por el Comité Federal del 21 de Abril 2007)

1.             La “solución” a los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla (finales de 2005), con el desembarco del ejército para la vigilancia de los perímetros fronterizos y la presión a Marruecos –mediante generosas concesiones, incluido el tema del Sahara- a fin de que abortara a cualquier precio los intentos desde su territorio, amén de permitir la repatriación –sin ningún tipo de garantías- de quienes lo consiguieran, marcó un camino en la política de control de los flujos migratorios del Estado español, que alcanza ya cotas impensables  en aquel entonces, sin que las investigaciones prometidas sobre los muertos y heridos hayan concluido en responsabilidad alguna. La famosa frase de J.M. Aznar: “teníamos un problema y lo hemos resuelto”, ha vuelto a cobrar vida con un empuje y una falta de escrúpulos democráticos que no se podían suponer en un gobierno socialista.

2.             Efectivamente, los intentos de traspasar las vallas, reforzadas por la terrible SIRGA tridimensional, prácticamente han cesado, y las temidas razias de las fuerzas de seguridad marroquíes, los encarcelamientos y las deportaciones indiscriminadas al desierto (refugiados reconocidos por ACNUR, solicitantes de asilo, enfermos y mujeres embarazadas, menores…) han acabado con cualquier esperanza de huida.

3.             Se han abierto, sin embargo, nuevas rutas, más distantes e infinitamente más arriesgadas, que han multiplicado el número de muertos en el intento. Las pateras han sido sustituidas por los cayucos o por desvencijados barcos, aún así mejor dotados para las largas travesías desde el Africa occidental, muchas veces autoorganizadas.

4.             La respuesta ha sido inmediata: inusitado despliegue diplomático hacia los países origen de las salidas, intentando arrancar, con mayor o menor éxito, los que llaman acuerdos migratorios “de segunda generación” (que, en lo medular, no consisten en otra cosa que en la admisión por parte de aquéllos de las deportaciones forzadas), y despliegue también de alta intensidad en la UE, a fin de implicarla, con medios y recursos, en el blindaje de la frontera sur; e incluso han lanzado un “Plan Africa” que ni siquiera logra disimular los intereses (propios, que no de Africa) que lo mueven. Hacia el continente latinoamericano, continúa (ahora, Bolivia) la imposición de visado para poder entrar a los países de la UE, tras fuertes presiones de nuestro gobierno, que relega a la nada la memoria de los cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad española que allí fueron acogidos y aún hoy permanecen con sus descendientes.

5.             Los casos del Marine I y del Happy Day, detectados en aguas africanas, marcan también un antes y un después. En el primero de ellos hay una implicación clara y directa del Estado español, cuyos efectivos de Salvamento Marítimo, con el decidido propósito de impedir su arribada a Canarias por encima de cualquier otra consideración (como ha quedado demostrado), dirigen el barco hacia el puerto de Nuadibu (Mauritania) y consiguen, no sin fuertes resistencias de las autoridades de este país, que sus pasajeros queden allí confinados, contra su voluntad, en un hangar sin las mínimas condiciones de salubridad, donde más de dos meses después permanece un grupo de 23 personas que se resisten a las presiones para que acepten la repatriación “voluntaria”. El resto ha sido ya deportado a sus países de origen o a otros países africanos altamente inseguros (como Sry Lanka o Guinea Cronaky, paises en conflicto) sin que su vida y su integridad queden en absoluto garantizadas, contraviniendo las más elementales normas de protección nacionales e internacionales que les amparan, pues muchos de ellos eran claramente susceptibles de poderse acoger al derecho de asilo, sin que se les haya dado la oportunidad de hacerlo. La vigilancia, los trámites y los medios para las repatriaciones, corren por cuenta de la administración española, pero, so pretexto de que no están en nuestro territorio, no se les aplica nuestra legislación ni se respetan los Tratados internacionales a los que estamos obligados. Se da, así, una actuación de ilegalidad manifiesta por parte del ejecutivo de Zapatero que deja en total indefensión a las personas afectadas.

6.             El gobierno toma nota del escándalo y las críticas suscitadas por tales actuaciones (en este momento hay una denuncia en la Audiencia Nacional interpuesta por CEAR y Médicos del Mundo), así como del coste que la operación le ha supuesto (el gasto en aviones, desplazamientos de fuerzas de seguridad, “compensaciones” a Mauritania, etc., ha debido ser impresionante), y en el segundo caso, el del Happy Day, se da un paso más: se le intercepta por efectivos de Frontex, en el que participan diversos países de la UE (de manera que la responsabilidad queda diluida) y se le obliga a volver a un país africano  que quiera “acogerles” (hablaron de Guinea Cronaky, pero éste lo negó), desentendiéndose posteriormente del problema e ignorándose la suerte de las 300 personas que llevaba a bordo en condiciones infrahumanas y a merced de los traficante.

7.             De esta forma “ingeniosa” se institucionaliza la externalización del control de fronteras y de “centros de internamiento” fuera de las mismas (con el beneplácito de la UE y alguna queja de NNUU), que quedan en manos, previo el pago o las prebendas que corresponda, de los países africanos que se presten, cualesquiera que sean los métodos que utilicen para impedir las salidas desde sus costas (el ejemplo de Marruecos es sangrante). Y si alguna embarcación lo consigue pero es interceptada ¿cuáles serán los medios de “disuasión” que empleará Frontex o las patrulleras españolas en caso de resistirse a retornar y de proseguir su ruta hacia Canarias (o hacia Lampedusa)?

8.             La Europa incapaz de poner en marcha una política de inmigración común que merezca tal nombre (en función de sus propias necesidades demográficas y económicas, como bien se encargan de reiterar), opta por la externalización o la subcontratación mercenaria del control de sus fronteras, y por la aplicación  de la fuerza frente a gente indefensa cuyo único delito es aspirar a una vida mejor, mediante su trabajo, o simplemente a la supervivencia. Lamentablemente, el gobierno Zapatero se ufana de ser el principal artífice de tales “avances” que tanto recuerdan la “doctrina Berlusconi-Aznar”, tan denostada en su momento por el PSOE y las fuerzas de izquierdas.

9.             El mito de la “inmigración legal y con un contrato debajo del brazo” queda impúdicamente al descubierto cuando se conocen los obstáculos insuperables que ponen en nuestros Consulados (especialmente en países africanos) a la obtención de un visado de cualquier tipo, incluido el de la reagrupación familiar, que nuestra propia legislación ampara como derecho inalienable de quienes tienen permiso de residencia. O las condiciones draconianas que imponen las Leyes de Extranjería. De la misma forma queda en entredicho la tan publicitada “lucha contra la inmigración ilegal” (en muchos casos ligada a la “lucha contra el terrorismo”), que en la realidad no hace sino encubrir y hacer digerible para la opinión pública la persecución y el castigo de las víctimas (minimización o negación del derecho de asilo, privación de libertad, deportaciones), mientras vemos que el tráfico y los traficantes  van en aumento, con incalculables y crecientes beneficios, ante la imposibilidad de acceder a la Europa Fortaleza por vías legales.

La tolerancia o la falta de respuesta ante el desmantelamiento que tales prácticas suponen de las conquistas alcanzadas a lo largo de décadas en materia de Derechos Humanos y de protección internacional de las personas, cualquiera que sea su origen, no es admisible y obliga a las fuerzas políticas y a las organizaciones sociales más conscientes a combatirlo con todos los medios a su alcance, poniendo en primer plano la derogación de la Ley de Extranjería y de los “centros de internamiento”, internos o externos. Reclamar los derechos que asisten a los inmigrantes como seres humanos, luchar por la igualdad y contra los tratamientos discriminatorios o la sobreexplotación como mano de obra subalterna de los que están aquí; el reconocimiento de la ciudadanía para que puedan participar mediante sufragio activo y pasivo en las elecciones, el derecho a la protección de los menores, etc., ha de ser, en todo momento y en todos los ámbitos, una tarea prioritaria del PCE y cada una de sus organizaciones.